martes, 26 de julio de 2016

DIFERENCIA ENTRE ABROGAR Y DEROGAR

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE ABROGAR Y DEROGAR? 

Derogar y abrogar son conceptos en la terminología jurídica muy comunes y como abogados y estudiantes del derecho debemos conocer. El día de hoy los analizaremos, y determinaremos sus diferencias y clases.

1.- ¿QUÉ ES LA ABROGACIÓN?

La abrogación consiste en la anulación o supresión total de la vigencia y de la obligatoriedad de una Ley.

En la actualidad esto sucede a menudo por la entrada en vigor de una nueva Ley que rija el mismo derecho de la anterior.

2.- ¿CUÁLES SON LAS CLASES DE ABROGACIÓN QUE EXISTEN?

La abrogación puede ser expresa o tácita.

Le llamamos abrogación expresa, cuando un nuevo ordenamiento declara la abrogación del anterior que regulaba la misma materia que regulará ese nuevo ordenamiento.

En cambio, la abrogación tácita es cuando no resulta de una declaración expresa de otro ordenamiento, sino de la incompatibilidad total o parcial que existe entre los preceptos de una ley anterior y otra posterior, debiendo  aplicarse u observarse, ante la incompatibilidad de preceptos, los del ordenamiento posterior, es decir, los que contengan el segundo ordenamiento emitido, sin que ello obste, al que se puedan seguir aplicando disposiciones del primer ordenamiento, que son compatibles con los contenidos en el segundo, si el campo de regulación del primer ordenamiento (anterior) es mayor que del segundo (posterior). Ante este supuesto, la abrogación sólo se da en el límite de la aplicación de la nueva ley o la posterior.

3.- ¿QUÉ ES LA DEROGACIÓN?

La derogación, es la privación parcial de los efectos de una ley, esto es, la vigencia de algunos preceptos se concluye, pero no así de todo el ordenamiento jurídico en el que se contienen.

4.- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE ABROGAR Y DEROGAR?

En el derecho mexicano, normalmente el procedimiento que sigue la abrogación de una Ley, termina con la declaración de la aplicación del nuevo ordenamiento que entra en vigor.

En cambio, en la derogación, obedece al hecho que algunas de las disposiciones (artículos) contenidas en una Ley u ordenamiento, contravengan lo establecido a este ordenamiento en general, por lo que se suprimen o se reforman, para que exista una armonía en la totalidad de la Ley.

martes, 28 de junio de 2016

DE LA ACCION PENAL

Caso fortuito. Acontecimiento humano dañoso, involuntario e imprevisible que no pudo ser previsto o que aún previéndolo, era imposible evitar. Por ejemplo chofer que conduce a velocidad permitida y observando las reglas (hombre diligente), pero que atropella a peatón que se le cruza, sin que pueda frenar.

Delito Frustrado o Tentativa Acabada. Realización de todos los actos de ejecución que deberían producir como resultado el delito y, sin embargo, no lo producen por causas independientes de la voluntad del sujeto activo. Por ejemplo falsificador que es detenido en la ventanilla del banco por un cheque falso, ladrón que fuerza una caja de caudales que ignoraba vacía, Juan dispara fallando el tiro. Es, en todo caso, punible.

Tentativa. Inicio de ejecución de un delito, pero este se ha interrumpido por causa ajena a la voluntad del agente. (CP boliviano, 8). Por ejemplo Juan acecha a matar apuntando a Pedro, pero este no estaba solo.

Ordenamiento Jurídico. Conjunto de leyes dictadas por voluntad estatal para garantizar las reglas de convivencia social.

Delito material (o de resultado). El que se consuma mediante la producción de un daño efectivo que el delincuente se propone. El acto produce un resultado por ejemplo en el asesinato (CP, 252) el resultado de la acción es la muerte de una persona. En el robo (CP, 331) el resultado es la aprehensión de la cosa.

Imputabilidad. Capacidad psíquica de una persona de comprender la antijuridicidad de su conducta y de no adecuar la misma a esa comprensión.

Delito formal (delitos de actividad, delitos sin resultado o de simple actividad). Aquel en que la ley no exige, para considerarlo consumado, los resultados buscados por el agente; basta el cumplimiento de hechos conducentes a esos resultados y el peligro de que estos se produzcan o basta también la sola manifestación de la voluntad.

Código Penal. Ley 1768 10 marzo 1997. Artículo 178.- Omisión de denuncia. El juez o funcionario público que estando por razón de su cargo, oblgado a promover la denuncia o persecución de delitos y delincuentes, dejare de hacerlo, será sancionado con reclusión de tres meses a un año o multa de sesenta a doscientos cuarenta días, a menos que pruebe que su omisión provino de un motivo insuperable. Concordancias: CPC, 5 - CPP. 123 - 247 – Código Penal, 36 -171

Código Penal. Ley 1768 10 marzo 1997. Artículo 13 bis. Comisión por omisión. Los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando el no haberlos evitado, por la infracción de un especial deber jurídico del autor que lo coloca en posición de garante, equivalga, según el sentido de la ley, a su acusación.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD PROCESAL CIVIL

CONCEPTO

El Principio de legalidad procesal civil es un axioma jurídico en virtud del cual el juez no puede juzgar con ley establecida posteriormente a la pretension del accionante, a no ser que le favorezca. 

El PLPC es la base para que la autoridad judicial actúe con arreglo a lo dispuesto en una ley anterior a lo que esta juzgando.

El PLPC en materia de nulidades es conocido con el nombre de Principio de Específidad. ej. Juez que actúa desconociendo norma específica, hace nulo su acto.

CARACTER

El Principio de Legalidad Procesal Civil (PLPC) Es el guia de la norma juridica procesal y se acude a ella, con caracter subsidiario, en caso de vacio legal.

UBICACION

El PLPC es elemento del conjunto de "Principios inherentes a la nulidad procesal".

EFECTOS

* El Principio de Legalidad Procesal Civil (PLPC) obliga a quienes administran justicia A APLICAR LAS LEYES promulgadas por el Estado.

* La actuación por los sujetos procesales desconociendo una norma que tiene como base el PLPC, es nulo.

* Este principio representa la observancia obligatoria de las normas procedimentales, en cuanto a su forma, para evitar una impugnación posible  para anular lo actuado o  reiterar adecuadamente lo desconocido u omitido.

* Este principio exige también el cumplimiento puntual de las normas procedimentales, en cuanto al fondo, de que la resolución judicial este conforme a las normas legales en cada caso.

NORMATIVIZACION

El principio generalmente tiene esta redaccion en los codigos: " Las normas contenidas en este Codigo son de caracter imperativo". "Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en este Código y en las leyes especiales".  "Las normas  procesales  son  de orden público  y, en  consecuencia,  de obligado  acatamiento,  tanto  por la autoridad  judicial como  por las partes  y eventuales  terceros." 

Lo cual significa que son de cumplimiento obligatorio.

viernes, 6 de mayo de 2016

LA PRUEBA EL DERECHO CIVIL

GONZALO CASTELLANOS TRIGO
LA PRUEBA EN EL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 2014

Verdad material de los hechos

En el proceso civil se discuten hechos controvertidos que deben ser probados o desvirtuados por las partes involucradas en el proceso; sin embargo, el juez en relación a los hechos alegados por las partes, averiguará la verdad material, valiéndose de los medios de prueba producidos en base a un análisis integral y completo, con el objeto de dictar sentencia que satisfaga los intereses de las partes y de la administración de justicia[1].

Por imperio del principio de verdad material la autoridad judicial deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar las medidas probatorias necesarias autorizadas por la Ley, aun cuando no hayan sido propuestas por las partes.
“La verdad material en su aplicación concreta supone la buena fe de la Administración en todo el desarrollo del procedimiento. La búsqueda de la verdad material,  de la realidad y sus circunstancias, con independencia de cómo han sido alegadas y en su caso probadas por las partes,  supone que se deseche la prevalencia de criterios que acepten como verdadero algo que no lo es o que nieguen la veracidad de lo que sí lo es. Ello porque con independencia de lo que hayan aportado, la Administración siempre debe buscar la verdad sustancial como mecanismo para satisfacer el interés público”[2].

A través de las pruebas arrimadas a un expediente civil, el funcionario forma su convicción acerca de los acontecimientos que se someten a su investigación y la prueba impacta en su conciencia, generando ello distintos estados de conocimiento, cuya proyección puede darle la firme convicción de haber descubierto la verdad o que, ese conocimiento coincide con la verdad[3].
Las reglas vinculadas a la carga de la prueba deben ser apreciadas de acuerdo a la índole y características del asunto que se somete a la decisión del órgano jurisdiccional, principio que está relacionado con la necesidad de dar primacía (por sobre la interpretación de las normas procesales) a la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento no se vea afectado por un excesivo rigor formal. Los jueces no pueden prescindir de los medios a su alcance para determinar dicho principio "y evitar que el proceso se convierta en una sucesión de ritos caprichosos, pues de ser ello así, la sentencia no constituiría la aplicación de la ley a los hechos de la causa sino la frustración ritual de la aplicación del derecho.

 Otra variante del principio de la verdad material del proceso, es el principio razonable de la prueba por parte del juzgador.

De la independencia e imparcialidad de un juez deriva la fuerza de la sentencia, que desde luego  tiene que ser fundada y constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, para ello, un juez debe estar libre de compromisos con el resultado al que arribe, así se llega a dictar igualmente una sentencia libre y debidamente motivada.

La prueba en el proceso civil

Las normas materiales establecen consecuencias jurídicas partiendo de supuestos hechos que contemplan de modo abstracto y general; que sin embargo  necesitan de prueba para tener validez y reconocimiento judicial.

Al respecto el profesor Barona indica: “Cuando por ejemplo en el contrato de compraventa dice que el comprador está obligado a pagar el precio de la cosa comprada, está estableciendo un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica; la aplicación de ésta por un tribunal o juzgado y en un proceso concreto exige que en el mismo haya probado un hecho que pueda integrarse en el supuesto de la norma[4]”; por lo tanto, en toda pretensión jurídica se debe probar el hecho para que se reconozca el derecho reclamado en la demanda.

En todo proceso es importante la prueba, porque se puede tener razón, pero, si no se demuestra, no se alcanzará procesalmente un resultado favorable y justo en la causa judicial.

 Prueba y convicción judicial

La prueba judicial constituye el conjunto de reglas que regulan la admisión, producción y valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llevar al juzgador la convicción sobre hechos que interesan al proceso judicial.

Finalidad de la prueba en el proceso civil

La actividad probatoria incumbe primordialmente a las partes principales que intervienen en  el proceso judicial; sobre ellas pesan diversas cargas procesales cuyo incumplimiento las expone al riesgo de no lograr la demostración de los hechos afirmados en sus alegaciones; por consiguiente, puede ser que pierdan el proceso no por no tener derecho sino por no demostrar sus hechos.
Con la prueba se permite a las partes tener la oportunidad de poder demostrar los hechos que sirven como fundamento de sus pretensiones jurídicas o desvirtuar de la contraparte.

De allí que corresponda destacar como finalidad de la actividad probatoria, el logro de la llamada verdad real o material, como indica Palacio[5], aunque, desde luego, sea éste el objeto ideal a alcanzar en todo proceso y no resulte compatible con el adecuado servicio de la justicia la renuncia consciente a ese tipo de verdad.

Necesidad de la prueba

No queda dudas que las afirmaciones de hecho (no de derecho) efectuadas por una parte que fueren relevantes, notables o controvertidas, deben ser probadas en el proceso.

Como sostiene De Santo, “existe una estrecha relación entre las nociones de "prueba" y "objeto de la prueba". Es una verdad elemental que la prueba no puede concebirse sin el objeto materia de ella; ambas nociones tienen, por consiguiente, la misma amplitud. La conclusión entonces resulta obvia: jurídicamente no puede limitarse el objeto de la prueba, en un sentido general o abstracto, a los hechos controvertidos; por el contrario, es necesario extenderla a todo lo que por sí mismo es susceptible de comprobación.

Consecuentemente, desde un punto de vista estrictamente procesal, por objeto de la prueba procesal en general debe entenderse todo aquello que es factible de comprobación ante el órgano jurisdiccional (para efectos procesales en general, no de cada proceso en particular).
Palacio[6] indica que en cada proceso, como regla de carácter general, el objeto de la prueba se halla constituido por los hechos invocados en las alegaciones y el mismo entiende por hecho todos aquellos sucesos o acontecimientos externos o internos susceptibles de percepción o deducción, por consiguiente, pueden ser objeto de prueba tanto los hechos del mundo exterior (provengan de la naturaleza o de la acción del hombre), cuanto los estados de la vida anímica humana (la intención, la voluntad, determinado conocimiento, la conformidad tácita, etc.) y el mismo autor añade por otra parte que resulta indiferente la determinación temporal del hecho. De allí que no sólo puedan probarse hechos pasados y presentes, sino también hechos futuros, como sería el caso de determinar los ingresos que podría percibir una persona durante el probable resto de su vida. Por último, señala Palacio, que la prueba puede versar tanto sobre la existencia como sobre la inexistencia de un hecho (hecho negativo).

Hechos que deben probarse en cada proceso

En principio, sólo los hechos afirmados por los litigantes pueden constituir objeto de prueba; pero, además, esos hechos deben ser controvertidos, o sea, afirmados por una de las partes y desconocidos o negados por la otra y, además, dichos hechos deben ser conducentespara la decisión de la causa. Puede por ejemplo, suceder que un hecho haya sido afirmado pero que carezca de relevancia para resolver las cuestiones sobre las cuales versa la litis y en tal caso se dice que el hecho es inconducente, por consiguiente, en el proceso solo se somete a prueba los hechos controvertidos y conducentes.

Devis Echandía sostiene que “en cada proceso, en principio, debe probarse todo aquello que forma parte del presupuesto fáctico para la aplicación de las normas jurídicas, que no esté eximido de prueba por la ley”.[7]

El hecho debe ser pertinente o influyente

Como sostiene Devis Echandía para formar parte “del thema probandum en un proceso, el hecho debe ser pertinente o influyente (si es totalmente ajeno al presupuesto fáctico del proceso, es obvio que no puede formar parte del tema de prueba, porque no existirá necesidad alguna de probarlo) y su prueba debe ser posible y no debe estar prohibida (sí la ley prohíbe su prueba por razones morales y orden público o de protección a la familia, no puede admitirse ni practicarse ninguna)”.[8]

Puede ser que en el proceso existan hechos controvertidos, pero que no tengan que ver con el objeto de discusión del proceso; por consiguiente, el hecho a probar debe ser pertinente o influyente con el objeto principal del proceso.

Noción de carga procesal en la teoría general del derecho

Las partes por el principio del derecho de petición que consagra la Constitución (2009)[9], tienen la facultad de demandar y hacer sus valer sus derechos ante la justicia por intermedio del proceso judicial; sin embargo, pesa sobre ellas  la carga de la prueba, que en forma general significa que deben demostrar sus afirmaciones.

Conforme sostiene el profesor De Santo, “la relación jurídico-procesal impone a las partes determinadas conductas en el desarrollo del proceso, cuya inobservancia les acarrea consecuencias adversas, desde las más intrascendentes hasta las más graves, que pueden llegar, inclusive, hasta la pérdida del pleito.

Por su parte el profesor Arazi indica: “La carga señala la conveniencia para el sujeto de obrar de determinada manera a fin de no exponerse a las consecuencias desfavorables que podría ocasionarle su omisión”[10].

La actividad de las partes, entonces, adquiere fundamental importancia para la suerte de sus pretensiones o defensa, especialmente cuando el proceso está regido por el principio dispositivo, en el que toda la iniciativa probatoria se asienta en ellas. Si quieren obtener buen éxito y evitarse perjuicios como resultado del proceso, debe ejecutar ciertos actos, adoptar determinadas conductas, afirmar hecho y hacer peticiones, todo ello en las oportunidades y con los requisitos que la ley procesal señale”.[11]

Concepto de carga de la prueba

 El juez al momento de dictar sentencia puede encontrar que la actividad probatoria desarrollada por una o ambas partes le depara la convicción sobre la existencia de los hechos controvertidos (supuesto en el cual resulta indiferente determinar en cuál de las partes recaía, en concreto, la carga de la prueba), como señala De Santo. Pero también puede ocurrir que uno o más de esos hechos no hayan sido probados o lo hayan sido probados insuficientemente[12].

El juez, ante la ausencia de un resultado probatorio cierto, no puede, sin embargo, abstenerse de emitir un pronunciamiento, debiendo declarar probada o improbada la pretensión jurídica, pues está vedada la posibilidad de obviar tal decisión sobre la base de la incertidumbre que arroje la falta o la insuficiencia de prueba, porque el juez tiene la obligación legal de fallar siempre[13].

Por esta razón, el juez necesita contar con ciertas reglas que le permitan determinar cuál de las partes ha de soportar las consecuencias adversas que provoca la incertidumbre sobre los hechos controvertidos.

 Como señala Micheli, “en el derecho contemporáneo la regla de la carga de la prueba se ha venido transformando en regla de juicio,  conservando el juez el  deber de pronunciarse en todo caso, aun en situación de duda”.[14]

La carga de la prueba por una parte constituye una regla para el juez, en  cuanto le indica cómo debe decidir cuando no halle la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar la sentencia, permitiéndole pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

Por otra parte, la carga de la prueba configura una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (cuando no haya prueba traída de oficio o aportada por la parte contraria).

La carga de la prueba es, entonces, “una noción procesal que contiene la regla de juicio por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables”.[15]

 Importancia de la carga de la prueba

La carga de la prueba constituye una medida imprescindible de sanidad jurídica y una condición sine qua non de toda buena administración de justicia, porque es necesario que las partes sepan anticipadamente lo que deben probar en el proceso.

Cómo señala Micheli: “¿Qué sucedería si no existiera esta regla de juicio que permite al juez evitar el non liquet cuando falte la prueba?. Pues la respuesta es muy simple: el fracaso del proceso sería un hecho cotidiano, con la consiguiente pérdida de tiempo, trabajo y dinero tanto para el Estado como para las partes”.[16]

Si el juez no pudiese dictar sentencia de mérito en innumerables casos, la justicia se vería frustrada, fomentándose la incertidumbre jurídica en las relaciones sociales, la repetición de procesos para la misma cuestión, el ocultamiento de pruebas, etc.

 Sistema que adopta nuestro procedimiento civil

El nuevo Código de Procedimiento Civil (2013), sobre el sistema que adopta con relación a la carga de la prueba expresamente dispone:

Quien pretende un derecho, debe probar los hechos constitutivos de su pretensión.Quien contradiga la pretensión de su adversario, debe probar los hechos impeditivos, modificatorios o extintivos del derecho de la parte actora.

Como se tiene indicado, nuestra legislación procesal sigue el sistema que clasifica los hechos en constitutivos, impeditivos, modificativos o extintivos, es decir, la carga de la prueba incumbe al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho, al demandado en cuanto a la existencia del hecho impeditivo, modificatorio o extintivo del derecho del demandante.

a.      Carga de la prueba para el actor

Los hechos constitutivos son los que forman parte del supuesto de hecho de forma positiva y su existencia es necesaria para la creación del derecho. Respecto a ellos la carga de la prueba corresponde al actor, cuando dispone “al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho”.
Como señala el profesor Palacio[17], al actor incumbe, como principio, la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión jurídica.

Pero como toda pretensión involucra, por lo común, una situación fáctica compleja, es necesario determinar cuál es el hecho que reviste aquel carácter. Se han enunciado, al respecto, diversos criterios, entre los cuales parece preferible aquél que atribuye carácter constitutivo al hecho específico del que surge, en forma inmediata, el efecto jurídico pretendido. Por ejemplo, si se trata, de una pretensión por cumplimiento de un contrato de compraventa, será hecho específico su celebración; por consiguiente, el conjunto de circunstancias que lo tipifica (cosa vendida, precio, plazo, etc.).

Se encuentran en cambio, excluidas del ámbito del hecho específico otras circunstancias o modalidades del contrato, como la capacidad de las partes, la seriedad o la libertad con que fue expresado el consentimiento, etc., que constituyen, como indica Chiovenda[18], requisitos generales o comunes a todas las relaciones jurídicas y cuya misma normalidad excusa la prueba de su existencia en cada caso concreto.

 b.      Carga de la prueba para el demandado

 La segunda parte de la norma en estudio determina que  la carga de la prueba incumbe “al demandado en cuanto a la existencia del hecho impeditivo o  modificatorio o extintivo del derecho del actor”.

En  cuanto  a los hechos impeditivos  y  extintivos,  son  la  expresión  positiva de circunstancias fácticas cuya inexistencia es necesaria para que nazca válidamente el derecho o para que este persista en el tiempo.

Como marca Palacio, “al demandado incumbe, como regla, la prueba de los hechos impeditivos, los cuales comportan, precisamente, la ausencia de cualquiera de esos requisitos generales comunes.  Serían hechos impeditivos, en el caso del ejemplo mencionado (cumplimiento de contrato de compraventa), la incapacidad de los contratantes, la existencia de un vicio del consentimiento (error, violencia, dolo), etcétera. Si bien, en consecuencia, el actor no debe probar la ausencia de los hechos impeditivos, al demandado corresponde la prueba de su presencia, cuando los afirma como fundamento de una defensa”.[19]

También al demandado corresponde, como principio, probar la existencia de los hechos extintivos, modificatorios o extintivos, conforme indica el profesor Palacio[20], los que serían en nuestro ejemplo, el pago del precio por parte del comprador o la entrega de la cosa por parte del vendedor. En materia de obligaciones es preciso formular una distinción, según se trate de obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Respecto de las dos primeras, el actor debe limitarse a probar el hecho constitutivo, pero no la omisión del cumplimiento. En las obligaciones de no hacer, en cambio, el actor debe probar, además, la acción positiva del demandado mediante la cual éste dejó de cumplir su prestación.

Quien propone una pretensión en juicio, enseña Carnelutti, debe probar los hechos que la sustentan y quien opone una excepción debe a su vez probar los hechos de que resulta. En otros términos: quien pretende debe probar el hecho o los hechos constitutivos y quien excepciona, el hecho o los hechos extintivos, así como la condición o las condiciones impeditivas del hecho constitutivo.

Aunque expresamente no lo indique nuestro procedimiento, de acuerdo a lo estudiado, cuando los hechos son impeditivos o extintivos, deben ser probados por el actor en los casos en que ellos constituyan el fundamento de su pretensión jurídica. Tal ocurre, por ejemplo, cuando se pide la nulidad de un acto jurídico en razón de mediar alguna circunstancia que obste a su validez; en el caso de que el deudor demande para que se declare la eficacia de un pago de consignación, etcétera.

Como conclusión, se puede afirmar que cada parte soporta la carga de la prueba respecto de los hechos o los que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende, y hay que establecer, en efecto, el principio de que incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido, por lo que cada una de las partes debe probar el presupuesto de hecho (constitutivo, impeditivo o extintivo) que invoca como fundamento de su pretensión, defensa o excepción[21].

Como atinadamente lo puntualiza el procesalista Colombo, “sin negar total eficacia práctica a las reglas elaboradas por la doctrina para establecer la distribución de la carga de la prueba, es indiscutible que en ciertas situaciones que ponen de manifiesto una trama jurídica compleja o cuando la ley regula contratos o manifestaciones nuevos, aquellas máximas tienen el valor de directivas que requieren adecuación librada al sentido jurídico del juzgador.

Esta realidad que, por otra parte, exhibe la jurisprudencia, es un resultado que conduce a que, con alguna frecuencia, las partes no se limiten a ofrecer sólo lo que corresponda a lo que ideal o teóricamente podría ser de su estricta incumbencia, sino que avanzando hacia el campo adversario aportan un plus probatorio que tienda a neutralizar la que le estaría asignada a la contraparte.

Una idea de la relatividad de las distintas fórmulas que puedan programarse, la da también la circunstancia de que cualquiera ella sea, en definitiva, los tribunales le amoldan con sentido de justicia y hasta llegan a establecer eventuales equivalencias que, a la letra, no parecen existir”.[22]

 Hechos que no necesitan prueba, no obstante formar parte del presupuesto de hecho del proceso

El tema de prueba de cada proceso está constituido, según hemos estudiado, por todos los hechos materiales o síquicos, en sentido amplio, que sirven de presupuesto a las normas jurídicas que deben aplicarse y que necesitan probarse por alguno de los medios previstos o autorizados por la ley.

Analizaremos los casos que establece la presente norma jurídica, como así los que prevé la doctrina y legislaciones extranjeras.

Se podría decir que sólo los hechos controvertidos son objeto de prueba, empero expondremos seguidamente las diversas causas o motivos por los que un hecho queda excluido de la necesidad de probarlo o del tema de prueba (thema probandum), no obstante formar parte del objeto concreto de prueba en ese proceso judicial, así tenemos:

 Hechos admitidos o confesados por ambas partes

Para que un hecho necesite prueba no basta su afirmación como presupuesto de la pretensión o excepción, sino que es indispensable que no esté admitido o confesado por la otra parte, porque esa admisión o confesión es prueba suficiente, salvo disposición en contrario o presumir el órgano judicial que nos encontramos en presencia de un fraude procesal.

La doctrina llama admisión a la circunstancia de no impugnar las proposiciones del adversario. Los admitidos quedan fuera del contradictorio y, como consecuencia natural, fuera de la prueba.

Hechos admitidos tácitamente

Hay necesidad, sin embargo, de fijar el alcance de esta doctrina, teniendo en cuenta aquellos casos en los cuales la demanda no ha sido impugnada por imposibilidad jurídica o material de hacerlo.
El silencio ante las afirmaciones de un hecho por la contraparte, las respuestas evasivas o la negativa meramente general, pueden constituir supuestos de admisión tácita[23].

El Art. 136 del Código de Procedimiento Civil (2013), al enunciar las cargas del demandado en la contestación de demanda, dispone que las actitudes enunciadas puedan estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieren.

Hechos presumidos por la ley

No necesitan prueba los hechos sobre los cuales recae una presunción legal establecida, por supuesto por la propia ley.

Como señala el maestro uruguayo Couture “Una presunción legal es una proposición normativa acerca de la verdad de un hecho. Si admite prueba en contrario se dice que es relativa; si no admite prueba en contrario se denomina absoluta, empero ni las presunciones legales ni las judiciales son medios de prueba”.[24]

Admita o no prueba en contrario, si un hecho goza de presunción legal, está exento de prueba; tal es, justamente, el objeto de las presunciones legales.

Indica Palacio que a “toda persona a quien favorece una presunción legal, se halla dispensada de probar el hecho sobre el cual dicha presunción recae”.[25]

Hechos cuya prueba prohíbe la ley

Como enseña el procesalista Devis Echandía “Los hechos cuya prueba prohíbe la ley por razones de licitud, moralidad y buenas costumbres. El ejemplo clásico lo constituye la prohibición de indagar la maternidad, con objeto de atribuir el hijo a la mujer casada, se encuentran excluidas del objeto concreto de prueba aun cuando se relacionen con la materia debatida y constituyan un presupuesto de la pretensión o excepción. Con mayor razón, entonces, tales hechos no pueden formar parte del tema de prueba.

 Hechos inconducentes, impertinentes o, irrelevantes o imposibles

La conducencia o relevancia del hecho y su posibilidad de existencia son requisitos para que pueda ser objeto concreto de prueba, y, con mayor razón, para ser tema de ésta, por consiguiente, estos hechos se encuentran excluidos del tema probatorio.

Si el hecho no puede influir en la decisión, su prueba es claramente innecesaria, hipótesis en la cual el juez, por razones de economía procesal y siempre que la inconducencia sea absoluta o manifiesta, debe rechazarla (De Santo).

La imposibilidad del hecho debe aparecer como algo notorio y ser aquél indudablemente absurdo, de acuerdo con el concepto de expertos y no por los conocimientos personales del juez, a menos que pertenezcan a las reglas comunes de experiencia.

Producción de la prueba

En el proceso judicial debe existir orden y seguridad para que el mismo sea bien tramitado y las partes sepan de antemano las reglas de juego y el deber de cumplirlas; caso contrario, podrían verse perjudicadas al no realizar ciertas actuaciones procesales en los plazos que fija la ley, ya que en el proceso civil rige el principio de preclusión.

En la etapa probatoria; es decir, en la etapa oral del proceso civil y especialmente en las audiencias, las partes tienen la oportunidad de hacer producir sus pruebas para probar los hechos que fueron propuestos oportunamente en el proceso; empero, esto debe realizarse dentro del período fijado por el órgano judicial, ya que el juez se encuentra autorizado para rechazar la prueba que no cumpla este recaudado legal, con excepción de la prueba documental preconstituida y la comprendida en el Art. 112 del Código de Procedimiento Civil (2013), consistente en documentos posteriores a la demanda o anteriores desconocidos.

La prueba se produce en audiencias

La regla de oro que debe primar en este nuevo procedimiento civil (2013) es que toda la prueba debe producirse en audiencias públicas, en mérito al principio de oralidad, concentración, inmediación y otros que rigen a este nuevo código.

Las pruebas propuestas y admitidas serán producidas en audiencia, conforme a lo dispuesto para cada proceso en particular, salvo disposición contraria. Por ejemplo, en el proceso de conocimiento oral en la audiencia preliminar y complementaria se recibe la prueba y en los otros procesos normalmente en una única audiencia[26].

 Al respecto el nuevo procedimiento (2013) dispone: Las pruebas serán producidas en audiencia, conforme a lo dispuesto para cada proceso en particular, salvo disposición contraria (Art. 138).

 Tiempo de la prueba

La actividad probatoria se encuentra sometida a determinadas pautas temporales, distinguiéndose claramente los actos de proposición u ofrecimiento de prueba de los de su práctica o recepción.
Atendiendo a la naturaleza del proceso, incluye a los primeros dentro de un determinado plazo que constituye el denominado plazo ordinario; o bien, en un momento único para cada parte y juntamente con el cumplimiento de otros actos procesales (demanda, reconvención y contestación de ambas). Es excepcional que los actos de proposición u ofrecimiento y de recepción se engloben dentro de un plazo único.

Práctica de la prueba

Las pruebas se practicarán en audiencia pública, salvo las excepciones previstas en este mismo código (2013), en cuyo caso el juzgador adoptará anticipadamente las medidas necesarias para su adecuada documentación a los efectos oportunos.

Lo que debe quedar claro es que  la prueba  recibida en otro lugar o comisionada, cuando llegue la fase oral del proceso civil (audiencia preliminar, complementaria o central)  deben ratificarse y hacerse producir en la audiencia para tener valor legal.

 Recordemos igualmente, que puede producirse  prueba anticipada en calidad de medidas o diligencias preparatorias, conforme al inciso 6) del Art. 306 del Código de Procedimiento Civil (2013), cuando dispone que El diligenciamiento de inspección judicial, pericial o testifical anticipados cuando: a). Pudiere alterarse o perecer el bien. b) Pudieren modificarse las circunstancias necesarias para el juicio. c) Se tratare de testigos de edad avanzada o gravemente enfermos o próximos a ausentarse del país.

Producción de la prueba fuera de la jurisdicción del juzgado

En primer lugar debemos entender por “juzgado” la oficina donde válidamente el juzgador ejerce sus funciones jurisdiccionales conjuntamente con el personal de apoyo (secretario, auxiliar, oficial de diligencias, conciliador, etc.), que normalmente se encuentra ubicado en un determinado inmueble (palacio o casa judicial) de propiedad del Órgano Judicial.

El tribunal de justicia (juzgado o corte) es un órgano público cuya finalidad principal es ejercer la jurisdicción, es decir, resolver litigios con eficacia de cosa juzgada. Juzgado es el lugar donde se juzga o se celebran juicios. Finalmente juzgado es el territorio o ámbito comarcal que es jurisdicción de un juez.

El asiento del juzgado en nuestro Estado Plurinacional se encuentra conformado por una secretaria, despacho judicial y sala de audiencias en el mismo lugar u otro del mismo edificio.
Interesa determinar esta situación para determinar cómo debe actuarse en caso que deba producirse fuera del asiento judicial algún medio probatorio.

 Al respecto el nuevo procedimiento dispone: Cuando las pruebas tengan que producirse fuera del asiento del juzgado, la autoridad judicial podrá trasladarse para recibirlas o comisionar su recepción a las autoridades judiciales de las localidades respectivas y, a falta de ellas, a una autoridad administrativa, concediendo en su caso el término de la distancia previsto en el presente Código (Art. 139).

Prueba fuera de la jurisdicción del juez, pero dentro del Estado Plurinacional

Esta norma acuerda al juez la opción de trasladarse personalmente al lugar del acto probatorio o de encomendar su realización a un órgano judicial que tenga su sede en ese lugar y a falta de ellas, a una administrativa, librándole, a tal fin, el correspondiente exhorto u órdenes instruidas, dependiendo si la autoridad encomendada es de igual o menor jerarquía, respectivamente.

Prueba del derecho

derecho no se prueba ni se discute, simplemente se lo aplica, así que las partes no tienen ninguna obligación procesal de probar el derecho nacional o el que se encuentra vigente en nuestro Estado Plurinacional; por eso, la norma en estudio sentencia que el derecho aplicable en el proceso judicial al margen de su nacionalidad, no requiere prueba; es decir, que las partes, ni terceros tienen la obligación de demostrar la existencia del mismo.

El derecho extranjero cuando tenga que ser aplicado en un proceso judicial sólo necesita ser probado cuando la autoridad judicial no los conozca; por consiguiente, el juez tiene amplias facultades para  aplicar la ley de otros países[27].

Las normas jurídicas como objeto de prueba judicial

La aplicación del derecho (de las normas jurídicas) es una función procesal y un deber exclusivo del juez, cuyo cumplimiento no puede eludirse por ignorancia y ni siquiera por inexistencia de la norma misma, debiéndose en este caso recurrir a la analogía o a los principios generales del derecho (el juez conoce el derecho y tiene la obligación de conocerlo).

 Carnelutti, refiriéndose a este principio dice que la aplicación de la norma de derecho es un problema de conocimiento del orden jurídico por el juez, quien ha de atenerse estrictamente a la realidad (del orden jurídico), es decir, no puede poner una norma que no exista, aunque la afirmen las partes, ni puede omitir una norma que exista, aunque ellas la callen.[28]

El derecho no puede ser objeto de prueba, simplemente lo interpretan al momento de juzgar, los jueces y magistrados, porque el derecho no se discute sino simplemente se aplica, ya que el juez no puede convertirse en legislador.

Cuando hay necesidad de probar las normas jurídicas

Las normas jurídicas pueden ser objeto de prueba judicial, en cuanto a su existencia en el territorio nacional, sin que esto signifique que formen parte necesariamente del tema de prueba.

Como acertadamente lo puntualiza el profesor Devis Echandía, “una cosa es la posibilidad de producir prueba judicial para establecer la existencia de la norma (copias de la ley, testimonios o dictamen de peritos sobre la costumbre, certificaciones oficiales, etc.), y otra muy distinta la necesidad de aducir esa prueba o llevarla oficiosamente con las formalidades procesales requeridas para la prueba de los hechos”.[29]

Constituye un principio común que el derecho interno no está sometido a la actividad probatoria de los litigantes o justiciables, puesto que el órgano jurisdiccional tiene el deber de conocer de oficio dicho ordenamiento, siendo, por ende, innecesaria la demostración del mismo, ya que el conocimiento del derecho interno resulta una obligación para el juez; por consiguiente, las normas legales nacionales, no pueden ser temas de prueba.

Todo juez o magistrado tiene la obligación de conocer toda la legislación nacional vigente, aunque esto suene lírico y no real, demás por eso se publican todas las normas jurídicas en la Gaceta Oficial de Bolivia.

Con respecto a las normas extranjeras, la mayoría de los autores[30] aceptan que pueden ser objeto de prueba y tema de ésta, a pesar de que en algunos países se le otorga al juez libertad para su investigación oficiosa como ocurre con la norma en análisis.
Prueba del derecho extranjero, en lo referente al derecho extranjero, cabe sentar como principio general que es menester acreditar:

  1. ·        Cuál es su texto o contenido.

  2. ·        Su vigencia actual.

  3. ·        Su sentido o interpretación.


Nuestra legislación no determina ¿cómo se obtiene el conocimiento de la ley extranjera.; por consiguiente, el juez deberá utilizar todos los medios que estime convenientes; es decir, los medios adecuados al objeto que motiva esa prueba, rechazando aquellos cuya fuerza probatoria dependa esencialmente de la voluntad de las partes, ésta es la conclusión unánime de la doctrina.

 Prueba de la costumbre

Una costumbre es un hábito o tendencia adquirido por la práctica frecuente de un acto. Las costumbres de las personas son el conjunto de inclinaciones y de usos que forman su carácter nacional distintivo. Una costumbre es una forma de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distingue de otras comunidades; por ejemplo: sus danzas, sus fiestas, sus comidas, su idioma o su artesanía. Estas costumbres se van transmitiendo de una generación a otra, ya sea en forma de tradición oral o representativa. Con el tiempo, estas costumbres se convierten en tradiciones. Generalmente se distingue entre las que cuentan con aprobación social, y las consideradas "malas costumbres", que son relativamente comunes pero que no cuentan con la aprobación social, y suelen promulgarse leyes para tratar de modificar las costumbres[31].

Se conoce como costumbres a todas aquellas acciones, prácticas y actividades que son parte de la tradición de una comunidad o sociedad y que están profundamente relacionadas con su identidad, con su carácter único y con su historia. Las costumbres de una sociedad son especiales y raramente se repiten con exactitud en otra comunidad, aunque la cercanía territorial puede hacer que algunos elementos de las mismas se compartan.

La costumbre es el derecho no escrito que se aplica en un determinado lugar y que con el tiempo se constituye en fuente del Derecho. Normalmente la costumbre se encuentra presente en comunidades originarias indígenas campesinas o lugares alejados de las ciudades.

 Las costumbres son también las responsables de la creación de los diversos sistemas de derecho que rigen en las sociedades. Esto es así porque los mismos se establecen en torno a lo que las costumbres y las tradiciones de una comunidad consideran valorable, ético, moral y necesario.

Rechazo de la prueba inconducente

El juzgador es el director del proceso judicial; por lo tanto, tiene varias atribuciones para llevar adelante y a feliz término el proceso; por eso, tiene facultades para rechazar prueba manifiestamente inconducente o impertinente para probar o desvirtuar los hechos que se discuten en el proceso.
Como sostiene Devis Echandía para formar parte “del thema probandum en un proceso, el hecho debe ser pertinente o influyente (si es totalmente ajeno al presupuesto fáctico del proceso, es obvio que no puede formar parte del tema de prueba, porque no existirá necesidad alguna de probarlo) y su prueba debe ser posible y no debe estar prohibida (sí la ley prohíbe su prueba por razones morales y orden público o de protección a la familia, no puede admitirse ni practicarse ninguna)”.[32]
Puede ser que en el proceso existan hechos controvertidos, pero que no tengan que ver con el objeto de discusión del proceso; el hecho a probar debe ser pertinente o influyente con el objeto principal del proceso.

Fijados los hechos a probar en el proceso, el juzgador rechazará de oficio o a petición de parte, el diligenciamiento de las pruebas manifiestamente inconducentes, impertinentes o prohibidas por la regla de derecho. En este caso el juez debe explicar con absoluta claridad los motivos del rechazo.

Hechos inconducentes, impertinentes o, irrelevantes o imposibles

La conducencia o relevancia del hecho y su posibilidad de existencia son requisitos para que pueda ser objeto concreto de prueba, y, con mayor razón, para ser tema de ésta; por consiguiente, estos hechos se encuentran excluidos del tema probatorio; por lo que el juez debe rechazar toda la prueba relacionada a esos hechos.

Si el hecho no puede influir en la decisión, su prueba es claramente innecesaria, hipótesis en la cual el juez, por razones de economía procesal y siempre que la inconducencia sea absoluta o manifiesta, debe rechazarla (De Santo[33]).

La imposibilidad del hecho debe aparecer como algo notorio y ser aquél indudablemente absurdo, de acuerdo con el concepto de expertos y no por los conocimientos personales del juez, a menos que pertenezcan a las reglas comunes de experiencia.

Rechazo de prueba prohibida por ley

El juzgador rechazará de oficio o a petición de parte, el diligenciamiento de las pruebas  prohibidas por la regla de derecho. En este caso el juez debe explicar con absoluta claridad los motivos del rechazo para que su resolución no resulte arbitraria.

Nuestra constitución (2009) al respecto tiene la siguiente disposición legal: “I. Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida. Ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento”[34]; norma jurídica que supuestamente prohíbe la obligación de someterse a exámenes médicos si el mismo no presta su consentimiento; por lo tanto, el padre no puede ser obligado judicialmente a someterse al examen del ADN, pero esto constituye una presunción en contra del que se niega a someterse a una prueba científica[35].

Pruebas producidas en otro proceso

Por primera vez se regula la prueba trasladada o prueba producida en otro juicio o proceso; razón por la cual, deja de ser un problema en la tramitación del proceso, porque como no existía dicha norma, se ha producido jurisprudencia contradictoria sobre el tema.

Ahora las pruebas legalmente producidas en un proceso tendrán la misma validez y eficacia en otro seguido entre las mismas partes, siempre que en el primero se hubieren producido por una de las partes contra la otra; por lo tanto, la validez depende del control de la prueba por parte de ambos sujetos procesos.

Al respecto el nuevo procedimiento (2013) dispone: Las pruebas legalmente producidas en un proceso tendrán la misma validez y eficacia en otro seguido entre las mismas partes, siempre que en el primero se hubieren producido por una de las partes contra la otra (Art. 143).
Este criterio del contradictorio en la recepción de la prueba. Nos conduce a afirmar que no es válida la probanza evacuada en otro proceso distinto al que se quiere hacer valer; sin embargo, si la prueba fue producida en otro proceso seguido entre las mismas partes tendrán la misma validez y eficacia probatoria que producida en el mismo proceso; sin embargo, debe ser ratificada en la audiencia de prueba que se llame al respecto.

Medios probatorios en general

La tercera parte de la norma en análisis determina que las partes e intervinientes en el proceso pueden valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la Ley, y que consideren conducentes y pertinentes a la demostración de sus pretensiones jurídicas.

 Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de prueba semejantes contemplados en el presente Código (20139, y en su defecto en la forma que disponga la autoridad judicial en forma expresa con el objeto de garantizar el derecho de defensa.

 De acuerdo con la norma en estudio, en el proceso civil no existe ninguna limitación para los medios probatorios; es decir; que cualquier medio probatorio es hábil o apto para probar la verdad y los hechos controvertidos en el proceso, con la única condición de que haya sido legalmente obtenido y no sea contrario a la moral y buenas costumbres.

Los medios de prueba pueden estar enumerados en los ordenamientos procesales mediante un numerus clausus, o tolerar la ampliación a otros, en tanto sean permitidas por no vulnerar el orden público, la moral o las buenas costumbres.

Según nuestro código procesal, la prueba deberá producirse por los medios expresamente previstos por la ley y por los que el juez disponga (medios probatorios en general), a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceras personas ajenas a la relación procesal, o no estén expresamente prohibidos para el caso[36].

Consideramos que los medios de prueba no previstos expresamente por la ley deberán diligenciarse aplicando por analogía las disposiciones de los que sean semejantes, o en su defecto, en la forma que establezca el órgano judicial, conforme al derecho comparado o principios generales del derecho.

Medios legales de prueba

Como tenemos comentado, esta norma sólo menciona a título indicativo los medios legales de prueba sin establecer si cada uno de ellos es un verdadero medio de prueba. Además, el progreso de los medios técnicos y científicos permiten colaborar con el proceso a través de nuevos elementos de prueba que, por su precisión y eficacia, consiguen determinar con cierta seguridad los resultados que alcanzan[37].

Son medios legales de prueba o legales los siguientes:
·         Los documentos.
-         La confesión judicial.
·        La inspección judicial.
·        El peritaje.
·        La testificación.
 ·        Reconstrucción de los hechos.
·        Las presunciones.
·        Informes.

Pruebas digitales
El Código de Procedimiento Civil (2013) reconoce por primera vez a la prueba digital o que se obtiene por medios electrónicos, porque en estos últimos tiempos las personas individuales o colectivas realizan innumerables negocios jurídicos por estos medios; por lo tanto, es adecuado que este novel procedimiento (2013) reconozca estos avances de la tecnología moderna, los regule y les de valor probatorio.

 También se consideran medios legales de prueba los documentos y firmas digitales y los documentos generados mediante correo electrónico, en las condiciones previstas en la Ley en forma general o especial.

 Una firma digital es un mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje firmado digitalmente determinar la entidad originadora de dicho mensaje (autenticación de origen y no repudio), y confirmar que el mensaje no ha sido alterado desde que fue firmado por el originador (integridad). La firma digital se aplica en aquellas áreas donde es importante poder verificar la autenticidad y la integridad de ciertos datos, por ejemplo documentos electrónicos o software, ya que proporciona una herramienta para detectar la falsificación y la manipulación del contenido[38].
 Un certificado digital o certificado electrónico es un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad.Es un documento que permite al firmante identificarse en Internet. Es necesario para realizar trámites, tanto con las administraciones públicas como con numerosas entidades privadas.

 “El desarrollo de las redes telemáticas y de Internet ha facilitado el intercambio de mensajes de todo tipo, incluidos aquellos de contenido contractual y administrativo, entre personas distantes geográficamente. La firma digital o electrónica viene a solventar el problema de autentificación de los mismos, ya que equivale, a todos los efectos, a la firma autógrafa, puesto que identifica fehacientemente la autoría del mensaje.

Físicamente, la firma digital se basa en la criptografía y puede ser definida como una secuencia de datos electrónicos (bits) que se obtienen mediante la aplicación de un algoritmo (fórmula matemática) de cifrado asimétricos o de clave pública.

 Estos sistemas cifran los mensajes mediante la utilización de dos claves diferentes, una privada y otra pública. La privada es conocida únicamente por la persona a quien pertenece el par de claves. La pública, por su parte, puede ser conocida por cualquiera pero no sirve para hallar matemáticamente la clave privada.

Apreciación de la prueba en sentencia

 El momento culminante que tiene el juzgador es el momento de dictar sentencia, en la cual debe apreciar básicamente la prueba producida en el debate judicial; sin embargo, tiene únicamente la obligación de apreciar la prueba vital y desechar la innecesaria o inconducente.
De acuerdo con la norma en estudio, en primer lugar, se exige una exposición del hecho, por lo que el juez debe remitirse a los hechos invocados por las partes, confrontándolos con la prueba que se haya producido, apreciar el valor de éstas y aplicar, finalmente, la norma o normas jurídicas mediante las cuales considera que debe resolver el pleito. El juez no está obligado, sin embargo, a hacerse cargo de todas las pruebas producidas ni a analizar todas las cuestiones propuestas por las partes, pudiendo desechar aquéllas que considerare innecesarias o inconducentes; sin embargo, debe explicar a las partes el porqué de decisión.

La prueba judicial constituye el conjunto de reglas que regulan la admisión, producción y valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llevar al juzgador la convicción sobre hechos que interesan al proceso judicial.

El juez al momento de pronunciar la resolución correspondiente tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas en el debate judicial, individualizando cuales le ayudaron a formar convicción y cuales fueron desestimadas, fundamentando su criterio; es decir, debe señalar que hechos se encuentran probados y cuáles no y fundamentalmente con que medio probatorio arribo a dicha conclusión.

Este punto será analizado con mayor amplitud al momento de analizar la sentencia y auto de vista.

Finalidad de la valoración de la prueba

La finalidad de la prueba, no es buscar una verdad absoluta, sino de adquirir un convencimiento de certeza de los hechos o de la certidumbre o verosimilitud de los hechos controvertidos, y eso es suficiente para la eficacia del derecho procesal.

Con la valoración de la prueba, el juzgador busca la verdad formal, que le sirva al proceso y justifique y legitime el sentido de la sentencia para que la misma sea justa y legal.

Como señala Parajeles: “El ideal de todo juzgador es lograr una armonía entre la verdad formal y la verdad real, eso es lo óptimo y sobre ese anhelo descansa la potestad jurisdiccional de todo administrador de justicia (juez). Sin embargo, especialmente en sistemas escritos, al desconocerse el principio de inmediatez, en muchos ocasiones la verdad formal prevalece sobre el real de acuerdo con lo probado dentro del proceso, lo que podría evitarse en los procesos por audiencias”.[39].

Control judicial sobre la apreciación de las pruebas

Como dijimos, la elección de la prueba es facultad privativa del juzgador, quien puede seleccionar aquellas que estime relevantes y decidir por unas descartando otras que considere inconducentes o inoperantes.

Es suficiente al efecto, que haga referencia expresa a las que han servido más decididamente a la conclusión, lo cual no supone ni permite afirmar que las otras no hayan sido computadas.
La ponderación que efectúe el juzgador puede ser cuestionada en la alzada, impugnación que no tiene obstáculos de orden formal, pero que sí acontecen cuando de mediar el agravio se trata.

Diversos sistemas de valoración de la prueba

No queda dudas que las pruebas se apreciarán en forma global tomando en cuenta la individualidad de cada una de las pruebas producidas  de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la Ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta (prueba legal).
De acuerdo a nuestra legislación y a la doctrina[40] generalizada, se distingue frecuentemente entre las llamadas pruebas legales y las llamadas pruebas libres, o de libre convicción, las cuales estudiaremos a continuación:

a.      Pruebas legales

Son aquellas en las cuales la ley señala por anticipado al juez el grado de eficacia que debe atribuir a determinado medio probatorio.

Para dar seguridad a ciertas actividades de las partes, como así a determinados medios probatorios producidos por las partes, la ley de antemano, establece el valor probatorio de dichos medios probatorios, siempre y cuando no sean destruidos contundentemente por otro medio probatorio.
Como señala Parajeles, “se dice que la ley impone este tipo de valoración tasada a la prueba documental y confesional. La eficacia probatoria de la confesión de hechos desfavorables se basa precisamente en la máxima de experiencia que demuestra que nadie confiesa en contra de uno mismo si los hechos son falsos, pues si es normal mentir para obtener un beneficio, no cabe dentro de un juicio medianamente lógico mentir para obtener un perjuicio; por la misma razón, desde el punto de vista probatorio, no son atendibles las declaraciones favorables de uno mismo”.
Este autor sigue indicando que “en cuanto a los documentos, se impone una doble máxima de experiencia: de una parte, para los documentos públicos, la seguridad del tráfico jurídico exige la necesidad de ofrecer la fe pública a determinados funcionarios (notarios, agentes, secretarios, etc.) en el ejercicio de sus funciones, de modo tal que aquello autorizan, oyen o ven que queda investido de certeza. De otra, para los documentos privados auténticos, la máxima impuesta por la ley consiste en que quien firma un documento acepta en la generalidad de los casos, el contenido del mismo. Respecto a los documentos, debe quedar claro que la máxima de experiencia, señalada, podría desvirtuarse si se demuestra la falsedad del documento”.[41]

Por ejemplo los Arts. 1287 y 1297 del Código Civil (1975), determinan el valor probatorio de antemano, del documento público y documento privado, como así el Art. 1321 del mismo código, estable el valor probatorio de la confesión judicial.

b.      Sistema de la prueba de libre apreciación

Por este sistema, el juez califica el valor de cada prueba producida en el proceso, sin reglas que le determinen un camino a seguir. La eficacia la consigue de su pleno raciocinio.
Este sistema difiere de la prueba legal, en la confianza o desconfianza que de los jueces se tenga. En el sistema de libre apreciación se deposita en el juez la fe suficiente para que, voluntad mediante, otorgue a cada prueba el valor persuasivo que a conciencia merezcan. A veces se habla de la íntima convicción que por este sistema se logra; también se dice que es un mecanismo de prueba razonada o apreciada en conciencia.

La libre convicción no tiene por qué apoyarse en hechos probados, ya que puede apoyarse en circunstancias que le constan al juez aún por su saber privado, como tampoco es menester que la construcción lógica sea perfecta y susceptible de ser controlada a posteriori.
Este sistema no es admitido en nuestra legislación, tal como se plantea en este punto, ya que el juez boliviano al fallar, necesariamente debe realizar una estructura lógica de la sentencia y fundamentar su resolución de acuerdo a los hechos probados o no probados en el proceso.

c.       Sana crítica y lógica

Conforme explica Couture, “las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación. Existen algunos principios de lógica que no podrán ser nunca desoídos por el juez. Nadie dudaría del error lógico de una sentencia en la cual se razonara de la siguiente manera: los testigos declaran que presenciaron un préstamo en monedas de oro; como las monedas de oro son iguales a las monedas de plata, condeno a devolver monedas de plata. Evidentemente, está infringido el principio lógico de identidad, según el cual una cosa sólo es igual a sí misma. Las monedas de oro sólo son iguales a las monedas de oro, y no a las monedas de plata. De la misma manera, habría error lógico en la sentencia que quebrantara el principio del tercero excluido, de falta de razón suficiente o el de contradicción”[42]

d.      Sana crítica y experiencia

La lógica del juez debe estar equilibrada en el derecho en el que se apoya, tomando en cuenta la experiencia del juzgador y los hechos del proceso.
Este punto lo explica con bastante solvencia el profesor Couture, en los siguientes términos:


 “El juez, nos permitidos insistir, no es una máquina de razonar, sino, esencialmente, un hombre que toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida”.

Este autor continúa indicando que “esas conclusiones no tienen la estrictez de los principios lógicos tradicionales, sino que son contingentes y variables con relación al tiempo y al lugar. El progreso de la ciencia está hecho de una serie de máximas de experiencia derogadas por otras más exactas; y aun frecuente a los principios de la lógica tradicional, la lógica moderna muestra cómo el pensamiento humano se halla en constante progreso en la manera de razonar”.[43]
En este sistema, se exige al juez, un previo análisis razonado, según las reglas de la lógica, la sicología y la experiencia y este razonamiento debe estar manifestado en la sentencia por cuanto es una proyección intelectual integrante de él, cuya omisión está conminada con sanción de nulidad, por la necesidad de motivación.

Valoración tomando en cuenta la realidad cultural

Este nuevo procedimiento (2013) establece nuevas pautas de valoración de la prueba, porque exige al juzgador tomar en cuenta la realidad cultural de nuestro Estado y de las personas, como así la interculturalidad y las diferentes costumbres ancestrales y realidad de nuestro Estado.

La constitución (2009), la Ley del Órgano Judicial (2010) reconoce el principio de interculturalidad, al reconocer la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos en búsqueda del vivir bien.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

CASTELLANOS TRIGO, GONZALO. Manual de Derecho Procesal Civil. Editorial Luis de Fuentes. Tarija, Bolivia. 2010.
 CASTELLANOS TRIGO, GONZALO.ANÁLISIS DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL BOLIVIANO. IV Tomos. Publicado por la Imprenta Gaviota del Sur (Sucre – Bolivia). 2006.
 CASTELLANOS TRIGO, GONZALO.CÓMO TRAMITAR Y RESOLVER UN PROCESO ORAL AGRARIO. Publicado por la Editorial “Luis de Fuentes” II Tomos. (Tarija – Bolivia). 2009.
 CASTELLANOS TRIGO, GONZALO.PRACTICA FORENCE CIVIL Y FAMILIAR. Publicado por la Imprenta Gaviota del Sur (Sucre – Bolivia). 2011.
 CASTELLANOS TRIGO, GONZALO.NUEVO PROCESO ORAL EN BOLIVIA. Publicado por la Imprenta Gaviota del Sur (Sucre – Bolivia). 2013.

 CASTELLANOS TRIGO, GONZALO.VIGENCIA ANTICIPADA DEL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Publicado por la Imprenta Gaviota del Sur (Sucre – Bolivia). 2014.
 [1] Revisar la obra del mismo autor (Castellanos Trigo, Gonzalo) “Manual de Derecho Procesal Civil”.
[2] Opinión vertida por  Da Silva, Carlos Alberto, en página de internet www.derechoadministrativo.global.com.
[3] CASTELLANOS TRIGO, GONZALO. Manual de Derecho Procesal Civil. Tomo II. Pág. 123.
[4] BARONA VILAR, SILVIA. Manuales de Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil. Quinta Edición. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, España. 2000. Pág. 243.
[5] Para complementar la información revisar la obra del profesor (Palacio, Lino Enrique) “Manual de Derecho Procesal Civil”.
[6] Para mayor información revisar las obras “Manual de Derecho Procesal Civil” y “Tratado de Derecho Procesal Civil” de Palacio Lino Enrique.
[7]DEVIS ECHANDÍA, HERNANDO. Ob. cit.  Derecho Procesal Civil. La prueba en General. Tomo I. Pág.188.
[8]DEVIS ECHANDÍA, HERNANDO. Ob. cit. Teoría General de la Prueba. Tomo I, Pág. 192.
[9] La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, vigente desde el 7 de febrero de 2009, consagra en el Art. 115 el derecho de petición y que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces.
[10] ARAZI, ROLAND. Ob. cit. La prueba en el Proceso Civil. Teoría y Práctica. Pág. 87.
[11]DE SANTO, VÍCTOR. Ob. cit. El Proceso Civil. Tomo, II. pág. 215.
[12] Para ampliar la información revisar la obra del destacado profesor De Santo Víctor “El Proceso Civil. Carga de la prueba”.
[13] Para ampliar la información, revisar la obra del mismo autor (Castellanos Trigo, Gonzalo) “Manual de Derecho Procesal Civil”.
[14]MICHELI, GIAN A. Ob. cit. La Carga de La prueba. Pág. 56.
[15]DEVIS ECHANDÍA, HERNANDO. Ob. cit. Teoría General de la Prueba. Carga de la prueba. Tomo. I, pág. 426.
[16] MICHELI, GIAN A. Ob. cit. La Carga de La prueba. Pág. 488.
[17] Similar opinión tiene los profesores: Arazi Ronald y Rojas Miguel, en sus varias obras sobre Derecho Procesal.
[18] Sobre la carga de la prueba revisar las variadas obras del profesor Chiovenda.

[19]PALACIO, LINO ENRIQUE. Ob. cit. Manual de Derecho Procesal Civil. (...). Tomo I, Pág. 471.
[20] El profesor Palacio desarrolla el tema de la carga de la prueba en su obra “Manual de Derecho Procesal Civil”.
[21] Revisar la obra del mismo autor (Castellanos Trigo, Gonzalo) “Manual de Derecho Procesal Civil”. Tomo II.
[22]COLOMBO CARLOS J. Ob. cit. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Tomo I. Págs. 610-611.
[23]Revisar la obra del mismo autor (Castellanos Trigo, Gonzalo) “Manual de Derecho Procesal Civil”. Tomo II.
[24] COUTURE, EDUARDO J. Ob. cit. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. (...). Pág. 226.
[25]PALACIO, LINO ENRIQUE. Ob. cit. Derecho Procesal Civil. Tomo. IV, Pág. 335.
 [26]CASTELLANOS TRIGO, GONZALO. El Proceso Oral en Bolivia, conforme al Nuevo Código de Procedimiento Civil. Pág. 123.
[27] CASTELLANOS TRIGO, GONZALO. El Proceso Oral en Bolivia, conforme al Nuevo Código de Procedimiento Civil. Pág. 129.
[28] Para tener mayores elementos de juicio sobre las normas jurídicas revisar la obra del prestigioso profesor Francisco Carnelutti.
[29]DEVIS ECHANDÍA, HERNANDO Ob. Cit. Teoría General de la Prueba Tomo. I, Pág. 193.
[30] Es el criterio de los profesores: Palacios Lino, Devis Echandía Hernando, José Moreno y López Cabana Roberto.
[31] Información obtenida en internet en la página www.Wikipedia. La enciclopedia libre para Latinoamérica.
[32]DEVIS ECHANDÍA, HERNANDO. Ob. cit. Teoría General de la Prueba. Tomo I, Pág. 192.
[33] Revisar la obra del profesor De Santo Víctor. El proceso civil.
[34] CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACINAL DE BOLIVIA. Art. 44.
[35] Para mayor información revisar la obra del mismo autor (Castellanos Trigo, Gonzalo) “Derecho de Familia”.
[36] Para complementar la información sobre los medios probatorios revisar la obra del mismo autor (Castellanos Trigo, Gonzalo) “Análisis Doctrinal y Jurisprudencial del Código de Procedimiento Civil”.
[37] CASTELLANOS TRIGO, GONZALO. Los Nuevos Recursos en el Código de Procedimiento Civil. Pág. 123.

[38] Información obtenida vía internet en la página Wikipedia, la enciclopedia abierta para Latinoamérica.
[39] PARAJELES, GERARDO. Ob. cit. Lineamientos del Moderno Proceso Civil (...). Pág.210.
[40] Es el criterio de los profesores: Palacios Lino Enrique, Alsina Hugo, José Moreno, López Cabana Roberto y Parajeles Gerardo.
[41] PARAJELES, GERARDO. Ob. cit. Lineamientos del Moderno Proceso Civil: Caso Bolivia (1997), Pág. 213.
[42] COUTURE, EDUARDO J. Ob. ct. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, pág. 271.

[43] COUTURE, EDUARDO J. Ob. cit. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Pág. 272.